El cambio climático en el Ártico es la crónica de una catástrofe anunciada. Dos veces más rápidamente que la media mundial se calientan estos 20 millones de kilómetros cuadrados de áreas continentales y marinas que se extienden alrededor del Polo Norte geográfico. Debido a su complejidad, es difícil predecir su impacto en el clima mundial, el aumento del nivel del mar y el sistema de corrientes de los océanos. Pero no todo el mundo mira el futuro sin hielo con preocupación. El Océano Ártico abre nuevas vías marítimas, que podrían cambiar las rutas comerciales. Surgen nuevas opciones para la pesca. La mejor navegabilidad facilita la extracción de recursos minerales, como petróleo, gas y minerales. Alrededor de una cuarta parte de los combustibles fósiles del mundo podrían yacer en el Polo Norte, creen geólogos estadounidenses. Para muchos países, el Ártico se convierte así en una zona de importancia estratégica.
Además, el Océano Ártico es un área de investigación de las ciencias polares, que proporciona información para comprender mejor el cambio climático global. ¿Qué necesitan los investigadores para avanzar en sus estudios? ¿Qué marcos establece para ellos el derecho público internacional? ¿Se mantendrán las libertades si se repartiera la plataforma continental ártica y se ampliaran los derechos soberanos de los países ribereños? Estas y otras preguntas están en el centro de la conferencia internacional “Cambio climático, derecho internacional e investigación en el Ártico. Aspectos jurídicos de la investigación marina en el Océano Ártico”. Por invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán y el Ministerio de Relaciones Exteriores finlandés, el 17 y 18 de marzo numerosos expertos provenientes de la política y las ciencias, se dan cita en Berlín para discutir temas relativos.
Países ribereños como Rusia, Noruega, Dinamarca y Canadá rechazan un tratado de protección internacional al estilo antártico. En principio no hay ninguna razón para no administrar el Océano Ártico, por ejemplo, como el Mediterráneo, opina Jonas Gahr Støre, ministro noruego de Asuntos Exteriores. Hasta el momento no existen conflictos entre los países ribereños en cuanto a las masas continentales del Ártico y la demarcación de los límites. Pero no ocurre lo mismo con la columna de agua. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), un país ribereño puede reclamar para sí todos los recursos naturales en una “zona económica exclusiva” de 200 millas marinas. Más allá de allí comienza el “alta mar”, que está disponible, en teoría, a todas las naciones para su explotación. Sin embargo, la Ley de la Convención del Mar permite a los Estados ribereños extender su zona económica de los derechos soberanos más allá de las habituales 200 millas marinas si logran comprobar una extensión natural de su plataforma continental bajo el agua. Los países ribereños deben comunicar por escrito sus reclamaciones a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, adjuntando pruebas geológicas. Con sondas marinas y equipos sísmicos, los científicos exploran las crestas bajo el agua, como el dorsal de Lomonosov. Varios Estados del Ártico fundamentan sus reclamaciones en esta formación geológica.
En una cumbre celebrada en Ilulissat, Groenlandia, en mayo de 2008, los “Cinco Árticos” ratificaron su apoyo a la cooperación internacional y a la resolución pacífica de los conflictos. “En realidad, ratifican algo que se sobreentiende”, opina el profesor Rüdiger Wolfrum (ver entrevista página 45). El experto alemán en derecho internacional es juez en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS en sus siglas en inglés) de Hamburgo, que se encarga de la interpretación de la Ley de la Convención del Mar. La referencia al derecho marítimo es insuficiente, porque ese tratado, que entró en vigor de 1994 y contiene 320 cláusulas, solo pretende dar un marco muy general. Si bien en la Ley de la Convención del Mar se garantiza la libertad de investigación marina, se trata solo de investigación de base. Pero ese derecho es violado por muchos países, dice Wolfrum. “O bien se niega el permiso o se concede bajo condiciones que dificultan la investigación o la hacen imposible”. La distinción entre investigación de base y aplicada no siempre es fácil de establecer cuando se trata de la explotación económica de la plataforma continental.
Los acuerdos bilaterales son una posible solución a los complejos problemas. Una cooperación de Alemania con Rusia en materia de investigación ha contribuido de manera sustancial a fomentar la confianza mutua entre los socios. Alemania también promueve una mejor coordinación internacional de proyectos de investigación fomentando, por ejemplo, una mayor participación de la población indígena, cuyas aportaciones son a menudo ignoradas por ser supuestamente poco académicas. El principal foro de cooperación regional es el Consejo Ártico, fundado en Ottawa, Canadá, en 1996. A esta asociación, que por ahora solo tiene una función consultiva, pertenecen, además de los cinco Estados ribereños, la sub-ártica Islandia y los Estados miembros de la UE, Finlandia y Suecia. El Consejo Ártico, en sus grupos de trabajo, elabora directrices para la prevención de contaminaciones ambientales, la preservación de la diversidad biológica y la mejora de la seguridad marítima.
Como miembro observador permanente, Alemania interviene en favor del fortalecimiento institucional del Consejo Ártico y de una mayor influencia de los países no árticos. Hay buenas razones para ello: como nación de investigación polar, y comprometida desde hace años en ambos Polos, Alemania hace una contribución importante a los estudios climáticos y oceanográficos. Como mercado consumidor de las materias primas del Ártico, Alemania tiene intereses importantes en la región y la importante flota mercante del país se beneficiaría de rutas marítimas más cortas. Al mismo tiempo, Alemania apuesta por metas climáticas a largo plazo.////
