Dentro de tan sólo unas semanas habrá llegado la hora de la verdad. A mediados de diciembre de 2009 se reunirán en Copenhague enviados de prácticamente todos los Estados del mundo para negociar durante dos semanas en el posiblemente mayor encuentro que haya tenido lugar hasta ahora. El resultado de la conferencia no sólo marcará la fisonomía terrestre, sino que afectará al destino de miles de millones de personas. En Copenhague se tratará de sus medios de subsistencia, de la protección de la atmósfera terrestre contra un calentamiento peligroso.
La actividad económica actual podría hacer que la temperatura media global de la Tierra ascendiese 7 grados de aquí a final de siglo en comparación con la era preindustrial. La elevación de la temperatura sería más rápida y mayor que la que experimentó la Tierra al final de la última glaciación hace unos 15.000 años. En aquel entonces, la temperatura global aumentó unos 5 grados, aunque a lo largo de un periodo de 5000 años.
El motivo fueron causas naturales, mientras que del cambio climático de la edad moderna son responsables los propios humanos. Queman demasiado combustible fósil, es decir carbón, petróleo y gas. Destruyen demasiados bosques. Y, para colmo, explotan campos y pastos de forma equivocada, es decir, perjudicial para el clima. Si esto no cambia, por ejemplo, una de cada diez personas, de los 7000 millones actuales, podría perder su hogar debido a la elevación del nivel del mar en un futuro próximo.
Se ha reconocido el riesgo, pero no se lo ha eliminado. Ya en 1992, en la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro, se firmó un acuerdo internacional para estabilizar la concentración de gases efecto invernadero a un nivel “que impida interferencias antropogenias peligrosas en el sistema climático”. Cinco años después le siguió el Protocolo de Kyoto, que compromete a unas tres docenas de naciones –la mayoría países industrializados y los Estados del antiguo bloque del Este– a reducir las emisiones de gases efecto invernadero o al menos a limitarlos. Pero ni las promesas de Río ni los juramentos de Kyoto han demostrado ser efectivos hasta ahora.
Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2), el gas más importante para el clima, con diferencia, han aumentado desde el año de la Conferencia de Río casi en un tercio a unos 30.000 millones de toneladas anuales. Los países industrializados occidentales, que se habían comprometido en el Protocolo de Kyoto a limitar las emisiones, incluso han aumentado ligeramente sus emisiones desde 1990. El grupo de los “países de Kyoto” en su conjunto sólo consigue reducir las emisiones de gas de efecto invernadero gracias al colapso económico de los países del antiguo bloque del Este, al que va asociada la reducción masiva, y hasta ahora más efectiva, de emisiones.
No es una exageración afirmar que la Humanidad actualmente se tambalea en dirección a una catástrofe climática. Sería una catástrofe que dejaría a un lado todo lo que, por ejemplo, les ha deparado a muchos la reciente crisis financiera y económica. Las pérdidas materiales se soportan de algún modo, con un esfuerzo extraordinario puede incluso que se recuperen. Pero si el sistema climático llegara a desequilibrarse, los daños serían irreparables. Y si el peligro es tan grave, ¿por qué no se combate tan enérgicamente como correspondería la amenazante situación? La respuesta en el fondo es sencilla: no radica en que sea un secreto el cómo se podría combatir el cambio climático desde el punto de vista meramente técnico; las claves para una solución son un consumo más eficiente de energía, la sustitución de las energías fósiles por renovables y también un cambio de estilo de vida. El que hasta ahora no se hayan aplicado, o no se hayan aplicado correctamente, se debe a que el reto parece sobrehumano y a que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre quién debe realizar qué esfuerzos.
Las dimensiones del reto: los investigadores están de acuerdo en que una subida de la temperatura de aproximadamente dos grados Celsius sería el límite de lo soportable. Más de 100 Estados se han fijado ya la marca de los dos grados como referencia, y en la cumbre de L’Aquila (Italia) se unieron a esa meta los jefes de Estado y de Gobierno del G8. Para que se llegara a alcanzar con cierta probabilidad supondría que hasta el año 2050 la Humanidad sólo debería utilizar una cuarta parte de las reservas de combustibles fósiles extraíbles de forma rentable que se conocen, un enorme acto de autorrestricción sin precedentes. Dicho de otro modo: en las próximas cuatro décadas la Humanidad dispone de un presupuesto de emisiones de 750.000 millones de toneladas de CO2, el cual se habría gastado en la mitad del tiempo si se mantienen las emisiones de CO2 actuales. La lucha por la “distribución de la carga”: en el debate público, los requisitos de política climática se definen predominantemente en concepto de renuncias. Efectivamente, se trata de apreciar las oportunidades para cambiar a actividades económicas que respeten el medio ambiente. Los países industrializados, inclusive EE.UU., son responsables hoy en día de aproximadamente la mitad de las emisiones mundiales. Aunque dejaran de emitir CO2 por completo, la meta de los dos grados no estaría asegurada, teniendo en cuenta que las emisiones de los países emergentes y en desarrollo aumentan. Por ello, la meta sólo se puede alcanzar si los países emergentes muy poblados, en concreto China y la India, cooperan. No obstante, las emisiones de CO2 per cápita de China (4,3 toneladas) y la India (1,1 toneladas) están claramente por debajo de las de EE.UU. (19 toneladas) o Alemania (10 toneladas). A esto hay que añadir que los países industrializados actuales, en los que vive escasamente un 20 por ciento de la población mundial, son responsables de tres cuartas partes del dióxido de carbono emitido a la atmósfera terrestre desde la industrialización, mientras que la mayoría pobre de la Humanidad apenas ha contribuido al problema.
La lucha contra el cambio climático, por lo tanto, también tiene que ver con la justicia. Si toda persona tiene el mismo derecho a utilizar la atmósfera terrestre, entonces los países industrializados ya han acumulado enormes “deudas climáticas” frente al Sur. Y no sólo tienen que saldarlas, sino que además deben avanzar en la reducción de las emisiones, y hacerlo con rapidez, puesto que cada retraso les exigiría a continuación una reducción de las emisiones prácticamente imposible, si es que aún se quiere alcanzar la meta de los dos grados. La recomendación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es que, en comparación con 1990, los países industrializados deberían reducir sus emisiones entre un 25 y un 40 por ciento de aquí a 2020. Sólo cuando se puedan comprobar este tipo de esfuerzos estarán dispuestas las naciones hasta ahora “inocentes” a participar seriamente en la protección del clima; ésta es la situación a unas semanas de la conferencia de Copenhague. Las mencionadas cifras del IPCC suponen un desafío difícil de superar especialmente para EE.UU., el mayor emisor con diferencia de los países industrializados.
No así para Alemania. Alemania se ha puesto como meta reducir las emisiones incluso un 40 por ciento y las perspectivas no son malas, puesto que Alemania ya ha conseguido la mitad, sus emisiones son ya en torno a un 20 por ciento inferiores a las de 1990. Alemania será probablemente uno de los poco países que consiga incluso alcanzar su meta de Kyoto (un 21 por ciento menos respecto a 1990) en el año 2012, sin tener que comprar derechos de emisión a otros Estados con el dinero de los contribuyentes. Sin embargo, los éxitos actuales no son ninguna garantía de éxitos futuros. Para conseguir la meta del 40 por ciento, la política alemana tiene que seguir avanzando. Las dos organizaciones no gubernamentales Germanwatch y CAN (Climate Action Network Europe) evaluaron a finales de 2008 los esfuerzos en materia de protección climática de los aproximadamente 60 principales emisores de CO2 del mundo. Tras el análisis ningún país se merecía un galardón, pero Alemania al menos estaba en el grupo de cabeza casi a la par con Suecia. Uno de los motivos de los buenos resultados comparativos es la reunificación. Ésta dejó la economía de la antigua RDA, que producía grandes emisiones, expuesta de golpe a la competencia internacional e hizo que colapsara en gran medida. El resultado fue un gran número de desocupados, pero también un descenso acelerado de las emisiones de CO2. “Wall-fall-profit” es como han llamado algunos observadores a este efecto, supuestamente caído del cielo, en Alemania.
Pero tras el éxito de la política de protección del clima alemana se esconde mucho más. Sobre todo los 66 párrafos de la Ley de Energías Renovables (EEG). Éstos garantizan a los generadores de energía solar, eólica, hidráulica o de biomasa el acceso al mercado y una remuneración mínima, y ha convertido a la comparativamente sombría Alemania en el número 1 mundial en potencia fotovoltaica instalada y en número 2 (tras EE.UU.) en instalaciones eólicas. Más de 20.000 rotores eólicos dan vueltas entre Flensburg y Mittenwald. La EEG, modelo de leyes similares en más de 40 países, fue elaborada a finales de los 1990, cuando el petróleo y demás energías fósiles eran aún relativamente baratos. Sin el impulso dado por la ley, las energías“ verdes” no habrían llegado hoy tan lejos, en todo el mundo. En la propia Alemania, no habrían podido jamás conquistar más de un 15 por ciento del mercado eléctrico. Y encima tampoco se hubieran creado unos 280.000 empleos.
Pero también es verdad que esos 280.000 puestos de trabajo no suponen más de un 1 por ciento de todos los empleados que cotizan a la seguridad social en Alemania. Hablar de un “milagro laboral” sería, por lo tanto, exagerado. El boom del sector es de agradecer únicamente al fomento por parte del Estado, es decir, que los consumidores pagan por ello. Y por último, lo realmente asombroso es que la contribución de la electricidad “verde” a la protección del clima estadísticamente apenas es perceptible: justamente para la generación de electricidad se emite hoy más CO2 que en el año 2000, a pesar de que el proyecto modelo de la política de protección climática alemana, la EEG, ha aportado unos 50.000 millones de kilovatios hora de electricidad libre de CO2. Pero es que la generación (en parte para exportación) y el consumo de electricidad han crecido a su vez, mientras que la productividad del uso de la electricidad prácticamente se ha estancado. En el año 2000, con un kilovatio hora se produjeron mercancías y servicios por un valor de 3,6 euros, en 2008 el valor fue de 3,7 euros. Desde el punto de vista de la oferta del mercado energético, Alemania, como pionero mundial en materia de energías renovables, tuvo por lo tanto éxito; al otro lado del mercado, en la limitación de la demanda, sin embargo, no realizó una labor igualmente pionera. El que Alemania, al fin y al cabo, ocupe una posición comparativamente buena en cuestión de protección del clima se debe exclusivamente a la reducción de las emisiones de la industria, los hogares y el tráfico.
Estas conclusiones tienen aspectos más y menos relevantes. No muy relevante es la cantidad de gas de efecto invernadero que Alemania le ha ahorrado a la atmósfera. Se trata de un par de millones de toneladas de CO2, casi nada teniendo en cuenta que las emisiones mundiales anuales ascienden a 30.000 millones de toneladas. Importante es, a pesar de ello, que Alemania haya iniciado el camino de la reducción de emisiones. Importante para la propia Alemania porque el enverdecer la economía es una tendencia en auge que en el futuro podría decidir sobre la capacidad de rendimiento económico. Es importante para el mundo, porque un país industrializado muy desarrollado demuestra de este modo que se puede conseguir el éxito económico sin ignorar los derechos de generaciones futuras, algo que no se daba por sentado.
Sólo si este mensaje es creíble, es decir, si las palabras van seguidas de hechos, las soluciones técnicas y sociales del problema climático tendrán una oportunidad a nivel global. Y sólo en ese caso la conferencia de Copenhague podrá ser lo que tiene que ser: un éxito.
