La verdad sale a la luz vía la antena parabólica: en el camión aparcado en la playa de estacionamiento de la Fiscalía de Bogotá se ha colocado una inmensa antena. Pero lo que se transmite a las pantallas situadas en las regiones más remotas de Colombia no tiene nada que ver con entretenimiento ligero para teleespectadores. Con estas “unidades de indagación”, Alemania desea impulsar activamente el proceso de paz en Colombia. Alrededor de 3,6 millones de euros ha comprometido el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en el proyecto, que es implementado por la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), la sociedad alemana para la cooperación técnica. Lo que nació como idea en la Embajada de Alemania en Bogotá, se está introduciendo en el país sudamericano de forma cuidadosa pero ágil. “Con el apoyo del Gobierno alemán podemos ayudar ahora a la Fiscalía General de Colombia con know-how y equipo técnico, para que las víctimas conozcan sus derechos de reparación y se abra el camino hacia la reconciliación”, explica Barbara Hess, directora de la agencia de la GTZ en Bogotá. Las tres palabras clave del proyecto llamado “ProFis” son verdad, reparación y reconciliación.
El Gobierno de Colombia inició hace seis años el proceso de desarme de grupos paramilitares. En el marco del plan de desmilitarización de milicias ilegales, se promulgó en 2005 la ley de Justicia y Paz. Con ella se sentaron las bases jurídicas para la superación de las diversas violaciones de derechos humanos cometidas por grupos paramilitares. La idea parece sencilla: los autores de crímenes de motivación política deben confesar punto por punto sus delitos. Solo si no ocultan nada y ofrecen una reparación a sus víctimas se aplica la ley, que limita las penas máximas de reclusión a ocho años y es parte del proceso de reconciliación.
Pero la implementación práctica del proyecto es bastante difícil para la Fiscalía General de Colombia. Desde 2002 han sido desarmados más de 32.000 integrantes de grupos paramilitares. De ellos, unos 3400 desean declarar acogiéndose a la ley de Justicia y Paz. “Hay 126.000 víctimas registradas”, señala el fiscal general de la Nación Mario Germán Iguarán Arana la dimensión de la tarea jurídica y agradece al Gobierno alemán “que nos ayuda notablemente en nuestro camino hacia la paz”. Pero no todas las víctimas se animan a acercarse a las oficinas del Estado para denunciar crímenes a menudo terribles. Si se toma en cuenta la actual dotación de recursos y velocidad de trabajo de la unidad “Justicia y Paz”, creada en la Fiscalía, según cálculos de expertos se necesitarían unos 90 años para resolver todos los casos.
“Las unidades móviles de indagación, sirven para acelerar el proceso y sobre todo para poder trabajar en regiones remotas”, explica Barbara Hess. Pero además de las inversiones en nuevos equipos técnicos, que la Canciller Federal Angela Merkel entregó oficialmente durante su visita en mayo a la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, también son necesarios recursos humanos. Dos expertos alemanes apoyarán a los funcionarios colombianos en su labor.
Hoy trabajan funcionarios colombianos y colaboradores de la GTZ intensamente en la investigación de los crímenes. Tres regiones sirven de proyecto piloto: la costa atlántica, la región de Antioquia y la capital Bogotá. En Montería, una ciudad de la costa, los juristas ya han adquirido las primeras experiencias prácticas. Criminales y víctimas son alojados en habitaciones diferentes. Las víctimas tienen la posibilidad de seguir en directo los interrogatorios a través de grandes pantallas y escuchar las declaraciones de los acusados. Pueden intervenir, por ejemplo, cuando consideran que las declaraciones son incompletas o erróneas, lo comunican a los indagadores, quienes de inmediato tocan el tema e interrogan al respecto al acusado. Se emplean modernos equipos técnicos, muy útiles para regiones lejanas. En estos casos, la técnica satelital permite superar las grandes distancias. “Si un criminal está recluido en una cárcel de la capital, las víctimas pueden seguir en tiempo real el interrogatorio a varios cientos de kilómetros de distancia. Nosotros visitamos las regiones en las que viven los sobrevivientes, que son muchas veces mujeres y niños”, indica Barbara Hess. “En general, las mujeres ni siquiera conocen este derecho.” Por eso, la GTZ se ha especializado en la ayuda a las mujeres. Las violaciones y el asesinato de sus maridos, padres e hijos, se han grabado indeleblemente en el alma de estas colombianas. Ahora por fin pueden hablar abiertamente de ello e incluso contribuir al esclarecimiento judicial de los hechos.
El proyecto está previsto inicialmente por un plazo de dos años. Además de un jurista alemán también colabora un agente de la Policía alemana, que apoyan a 15 expertos colombianos. Los especialistas alemanes contribuyen tanto en los trabajos de investigación como con experiencias internacionales en el procesamiento penal. Esa era una de las condiciones impuestas por la Unión Europea (UE). En diciembre de 2004, la UE resolvió que solo apoyaría el proceso si se realiza en un marco jurídico acorde con el derecho internacional. Los expertos alemanes buscan casos similares a escala mundial. “De ese modo comparamos el derecho colombiano con el internacional para cerrar eventuales lagunas”, comenta Barbara Hess. Pero para cerrar las heridas que abrió la guerra civil en Colombia se necesitarán muchos más años.
